EN MEDIO DE LA CRISIS POR LA CONTRATACIÓN DE OPERADORES, RENUNCIÓ JULIANA PUNGILUPPI

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Juliana Pungiluppi

En momentos en que existe una grave crisis por la contratación de operadores, lo que ha generado una semiparálisis en las actividades de los CDI, en regiones como La Guajira, la directora general del del ICBF, Juliana Pungiluppi, presentó renuncia de su cargo ante el presidente Iván Duque Márquez.

Aunque la funcionaria argumenta que su salida corresponde a motivos personales, extraoficialmente se ha conocido que, el presidente Duque, hizo algunos reparos a la forma como se viene utilizando el llamado banco de oferentes para la contratación de operadores en todo el país.

En el caso de La Guajira, el director (e) Álvaro Gómez Trujillo, dejó por fuera a organizaciones como las Damas Rosadas, la cual venía con excelentes calificaciones y buena aceptación entre los usuarios, para contratar la operación de CDI y Jardines Infantiles, a la Cámara Junior, hecho que ha generado rechazo y reacciones entre la comunidad, hasta el punto, que la sede de la entidad en Riohacha, fue tomada pacíficamente por líderes que reclaman transparencia en los procesos.

Según la funcionaria saliente  durante su periodo se han alcanzado logros importantes, entre los que se destacan:

1. Reducción del 11,4% en las notificaciones de muertes asociadas a la desnutrición entre 2018 y 2019, gracias al Plan Ni1+.

2. Transformación del modelo de contratación de servicios de Primera Infancia, que involucra una inversión pública de 4,5 billones de pesos, pasando de contratación directa y cerrada, a un proceso objetivo, técnico y competitivo.

3. Reducción en tiempos de respuesta de la Línea 141 del ICBF, de 51 días a 4 días, gracias al fortalecimiento de las Defensorías de Familia Especializadas.

4. Aumento del 10% en las adopciones de niñas, niños y adolescentes (NNA), y del 18% en las de NNA con características y necesidades especiales. Ello, acompañado de una disminución en los tiempos del trámite de adopción de 24 a 9 meses, gracias a una nueva plataforma de adopciones en línea (ADA), disponible desde diciembre de 2019.

5. Puesta en marcha del programa de acompañamiento familiar ‘Mi Familia’ que aborda tres potenciales causas de violencia contra la niñez: prácticas deficientes de crianza, problemas de salud mental y desconocimiento de rutas de acceso a la oferta social del Estado.

6. Descongestión del 86% de los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD), que permitió definir la situación jurídica de 43.000 niñas, niños y adolescentes en tiempo récord.

7. Liderar la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes, que incluye formulación de política pública (que ya sentó la bases para un documento CONPES) y movilización social (con el lanzamiento de campaña Todo lo que Hacemos les Queda).

8. Conformación del Grupo Intersectorial Especializado entre Fiscalía, Policía, Sector Justicia, Medicina Legal e ICBF para dar respuesta unificada y para la recolección de pruebas oportunas y de calidad con el fin de reducir la impunidad en los casos de violencia sexual contra menores de edad.

9. Formulación del Proyecto de Ley para la prohibición del castigo físico y humillante, junto con la sociedad civil organizada y la academia, que avanza en su trámite en el Congreso.

10. Puesta en marcha del Registro de Inhabilidades para personas condenadas por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, en conjunto con la Policía.

La renuncia se hará efectiva a partir del 9 de marzo de 2020.

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